Panamá dio un paso importante en la modernización de su marco tributario con la promulgación de la Ley No. 526 de 2026, una normativa que introduce requisitos de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera obtenidas por entidades pertenecientes a grupos multinacionales.
La nueva legislación modifica disposiciones del Código Fiscal y busca asegurar que las empresas que se benefician del régimen tributario panameño mantengan una presencia económica real en el país. La medida responde a los compromisos internacionales asumidos por Panamá en materia de transparencia fiscal y lucha contra la erosión de bases imponibles.
Según la norma, las entidades que perciban ingresos pasivos provenientes del extranjero —como dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital y rentas derivadas de bienes muebles o inmuebles— deberán demostrar que cuentan con recursos humanos, capacidad operativa y toma efectiva de decisiones en territorio panameño para conservar el tratamiento fiscal aplicable a dichas rentas.
La ley establece la figura de las “entidades calificadas”, aquellas que acrediten una actividad económica sustancial en Panamá. Entre los criterios considerados se encuentran la existencia de personal adecuado, gastos operativos proporcionales a la actividad desarrollada y la gestión efectiva de riesgos y funciones clave dentro del país.
Por el contrario, las entidades que no cumplan con estos requisitos serán consideradas “entidades no calificadas” y perderán el beneficio de exclusión tributaria sobre las rentas pasivas de fuente extranjera. En estos casos, la renta neta correspondiente quedará sujeta al impuesto sobre la renta establecido por la legislación panameña.
Expertos del sector consideran que la reforma representa uno de los cambios más significativos en el sistema tributario panameño de los últimos años. Además de fortalecer la reputación internacional del país, la normativa busca garantizar que las estructuras corporativas que operan desde Panamá mantengan una actividad económica genuina y verificable.
La ley también incorpora mecanismos de supervisión y una cláusula antiabuso destinada a evitar estructuras creadas exclusivamente para obtener ventajas fiscales sin una justificación económica real. Asimismo, contempla excepciones para determinados sectores regulados, entre ellos actividades marítimas y financieras sujetas a regímenes especiales.
Las empresas alcanzadas por la nueva regulación deberán prepararse para cumplir con las obligaciones de documentación y reporte establecidas por la autoridad tributaria, de cara a su aplicación en los próximos períodos fiscales.
Con esta reforma, Panamá busca consolidar su posición como un centro de negocios internacional alineado con los estándares globales de transparencia y cumplimiento tributario.
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